El control económico implantado por la Liga de Fútbol Profesional hace aguas. La situación del Reus ha dejado al descubierto las carencias de una normativa a la que los dirigentes del club catalán han burlado como han querido. Y el problema es que no sólo han sido los reusenses.
Se dice que el Extremadura, si no llega a vender a su delantero goleador Enric Gallego, habría sufrido el mismo destino que el Reus y también el Córdoba está en candelero. Quien hizo la ley, hizo la trampa, porque no se nos puede olvidar que LaLiga son los clubes, o sea, que ellos mismos se lo guisan y ellos mismos se lo comen.
Tampoco extraña que en un tema tan delicado como es el económico, donde se tendrían que centrar los esfuerzos para evitar situaciones como la ocurrida en el Reus, se les haya ido de las manos porque quizás están más pendientes de las preguntas que hacen los periodistas y quieren censurar, o si el atril que sujeta el balón cuando los jugadores saltan al campo tiene las medidas reglamentarias o si los fotógrafos se quieren mover a pie de campo para realizar mejor su trabajo.
También resulta paradójico que ni jugadores ni aficionados puedan mostrar camisetas o pancartas con mensajes políticos mientras la persona que representa a la patronal del fútbol habla pública y abiertamente de sus preferencias políticas. Lo de siempre, haz lo que yo digo, pero no lo que yo haga.
A todo esto, el episodio del Reus ha vuelto a poner en liza las diferencias existentes entre RFEF y LaLiga, dos entidades que debería ir de la mano, pero que en lugar de ello se contradicen y se tiran piedras sobre el mismo tejado, que es el fútbol.
